En esta nota describimos los principales aspectos del marco institucional de semillas, en Uruguay, los cuales pueden ser considerados para una nueva institucionalidad en Argentina.
AUTOR Juan Cruz Rey Kelly
Tanto productores agropecuarios como la industria semillera de Argentina están envueltos en una larga discusión que lleva más de 15 años acerca del marco normativo actual (ley 20.247) y cuál debería ser el marco apropiado para lograr sus objetivos. Está claro que el debate fue evolucionando de acuerdo a los cambios que ha habido en las tecnologías que fueron apareciendo, a la pérdida de institucionalidad del sector público (INASE) y a las necesidades de cada uno de los sectores involucrados.
Sin embargo, existe un punto que no ha mutado en el debate que es acerca del alcance del derecho de uso propio del agricultor (que ampara la ley vigente), el cual la industria ha intentado limitar (y en posiciones más extremas, eliminarlo), llevando a realizar acciones privadas de fiscalización, como la Cláusula de Biotecnología y Bolsatech, en tanto que los productores han buscado preservarlo, y en casos límites han hecho un uso desproporcionado del derecho que le proporciona la legislación vigente. El foco, puesto casi exclusivamente en este aspecto, ha hecho perder de vista aspectos tan importantes como el rol del estado, la fiscalización del comercio y uso de semillas, la investigación y desarrollo e incentivos fiscales para incrementar el uso de semilla fiscalizada.
A diferencia de Argentina, Uruguay ha logrado avanzar en muchos de dichos aspectos que han configurado un marco institucional más robusto con un bajo nivel de informalidad.
Ley de semillas y Fiscalización en Uruguay
Como antecedente para comprender el nuevo marco normativo es necesario saber que el sistema de captura de valor en Uruguay, denominado “Sistema de Valor Tecnológico” (SVT) surge en el año 2002, acompañando el ingreso y uso masivo de la Soja RR en Uruguay y nuevas variedades de Trigo incorporadas por obtentores foráneos. Su objetivo era recuperar parte de la inversión que las empresas realizan a la hora de investigar y desarrollar nuevas variedades.
En febrero de 2009 fue promulgada la ley No. 18.467 que contiene una serie de modificaciones a la Ley de Semillas y, entre esas modificaciones, se encuentra una referida al “uso propio. Con posterioridad, en 2010, se dictó el decreto No. 219/010 que adecua la reglamentación a las nuevas previsiones contenidas en dicha ley, entre ellas la relativa al “uso propio”.
La nueva ley restringe la figura del “uso propio” al establecer -dándole un nuevo texto al art. 72, lit. b) de la vieja ley – que el mismo sólo constituye una cuestión de orden público –es decir una materia indisponible para las partes- cuando quien adquiere la semilla es un pequeño agricultor. Dicho de otra forma: si no se trata de un pequeño agricultor –concepto cuya definición fue dejada en manos del poder ejecutivo (más abajo lo describimos), a iniciativa del Ministerio- las partes estarían en condiciones de convenir el pago de una regalía adicional por cada empleo sucesivo de la semilla -es decir, podrían convenir el pago de la llamada “regalía extendida”- porque ya no estarían disponiendo sobre una cuestión de “orden público”.
Es decir, la ley de semillas uruguaya habilita los contratos entre privados para acordar una retribución adicional a la compra de semilla fiscalizada cuando se hace uso propio en forma intertemporal.
En la práctica, el uso propio está permitido, sin embargo, la modalidad contractual de la venta de semilla hace que el mismo sea oneroso, siendo que en el contrato se estipula el valor y la modalidad de pago.
El sistema funciona correctamente, gestionado por Urupov, quien fiscaliza a los productores y también a multiplicadores y distribuidores. Los productores hacen una declaración muy simple con variedad y kilogramos sembrados y en función de esto, cada semillero le extiende una factura.
Ante la detección de una posible infracción se hace la denuncia al Inase que interviene con poder de policía. El Inase también de oficio controla toda la producción de semillas tanto en cantidades como en calidad.
Para 2015, el 97% del uso de semilla de soja fue controlado, siendo que un 50% es semilla fiscalizada y el resto es de uso propio con pago de regalía.
El Inase es un ente público de gestión privada. El estado sólo aporta el 20% de su presupuesto y el resto se financia con los servicios que presta el organismo.
En resumen, las bases del sistema uruguayo se pueden sintetizar en:
1. Rol del Gobierno, velando por los derechos de ambas partes (productores y obtentores) y permitiendo que la operativa se enmarque en el Derecho Privado.
2. Alto nivel de compromiso y unión de los actores de la cadena semillerista (productores- obtentores- distribuidores- multiplicadores- Urupov).
3. Declaraciones firmadas por parte de los productores (similar a resolución 187/2015 de Argentina).
4. Beneficio impositivo por compra de semilla etiquetada, que permite a algunos productores descontar una vez y media el costo de la semilla previo al pago de sus impuestos.
5. Las acciones de fiscalización y control llevadas adelante por el Inase y Urupov en forma coordinada.
6. Utilización de técnicas efectivas de control: uso de técnicas de ADN, auditores, denuncias, geo-referenciación y mapeo satelital.
7. Actualmente el valor de la regalía es cercano al 1% del total del costo del cultivo.
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